Jornada de 35 horas: el gobierno se abre a la contratación de interinos
La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado (AGE) ha concluido sin un acuerdo global, pero con un avance significativo: la inminente implantación de la jornada laboral de 35 horas semanales en España. Fuentes sindicales confirman que la administración se ha comprometido a presentar un texto, a mediados de abril, que, según aseguran, no dejará fuera a ningún colectivo, marcando un punto de inflexión en la negociación.
La clave: un texto que llega este viernes
La reducción de la jornada laboral ha sido un tema candente durante meses, y la dilación en alcanzar un acuerdo ha generado tensiones. Ahora, la promesa de un texto que abarque a todos los empleados públicos, incluyendo organismos, agencias y entidades de derecho público, supone un rayo de esperanza. Sin embargo, la implementación no será uniforme. Instituciones Penitenciarias, el personal del Ingesa y el profesorado deberán negociar sus condiciones específicas en mesas propias, reconociendo la complejidad inherente a sus funciones.
El sector penitenciario, en particular, presenta desafíos únicos. La reducción horaria deberá equilibrarse cuidadosamente con las exigencias de seguridad y la necesidad de mantener guardias y turnos operativos. La cifra habla por sí sola: el peso de la plantilla en este ámbito hace que cualquier cambio requiera una planificación meticulosa para evitar comprometer el servicio público.
El Gobierno, buscando agilizar el proceso, se ha abierto a la contratación de interinos. Esta medida, aunque temporal, permitiría activar la jubilación parcial de funcionarios, desbloqueando una vía para la reducción de la jornada sin afectar directamente a la operatividad de la AGE. La rapidez en la implementación es notable: una resolución podría aplicarse en un plazo de 15 días, situando la entrada en vigor potencial a mediados de abril.
Más allá de la jornada ordinaria: adaptación a regímenes especiales
La ambición del proyecto va más allá de la simple reducción de la jornada ordinaria. Se contempla la adaptación de la medida a regímenes especiales, como la jornada de verano o las de 40 horas actuales, aplicándose la reducción de forma proporcional. Esto implica una revisión exhaustiva de los modelos organizativos dentro de la Administración para garantizar una implementación efectiva y justa.
Paralelamente, la Oferta de Empleo Público 2026 se encuentra estancada debido al rechazo sindical a la propuesta actual, que, a pesar de prometer empleo neto, carece de detalles por departamentos. En contraste, avanza un Real Decreto que facilitará el acceso al empleo público a personas con discapacidad, y se espera la aprobación del 31 de un decreto que permitirá la jubilación parcial anticipada para el personal laboral en el Convenio Único de la AGE. Una demanda largamente postergada, ahora a punto de materializarse.
Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) insisten en la necesidad de extender este derecho al personal funcionario y estatutario, ampliando su alcance dentro del sector público. Lo que comenzó como una reivindicación sindical se ha convertido, con este acuerdo, en una realidad tangible, aunque aún pendiente de concretar en los detalles.
La administración española, tras años de debate, parece dispuesta a dar un paso decisivo hacia la modernización de sus condiciones laborales. El tiempo dirá si esta apuesta por la jornada de 35 horas y la jubilación parcial anticipada se traducirá en una mejora real para los empleados públicos y en una Administración más eficiente y atractiva.