Militares españoles, ¿profesión de riesgo para algunos, no para otros?
Una medida que se antojaba una victoria para el colectivo militar español se ha convertido en un nuevo frente de conflicto. El Ministerio de Defensa, liderado por Margarita Robles, ha dado un primer paso para reconocer la carrera militar como profesión de riesgo, una demanda largamente esperada que prometía beneficios como la jubilación anticipada. Pero la letra pequeña de la ley ha desatado una ola de indignación entre las asociaciones profesionales.
La trampa del régimen de cotización
El problema reside en el sistema de cotización. La propuesta de Defensa solo beneficiaría a los militares que ingresaron en el servicio a partir de 2011, aquellos integrados en el Régimen General de la Seguridad Social. Esto deja fuera a casi la mitad de la plantilla, aquellos que pertenecen al sistema de Clases Pasivas. La consecuencia es clara: dos militares, con las mismas funciones, expuestos a los mismos peligros en misiones como las de Irak o Líbano, podrían tener derechos de jubilación radicalmente diferentes.
“Es la misma profesión y debe recibir el mismo trato”, señalan las asociaciones en un comunicado, reflejando la incredulidad y frustración del colectivo. La disparidad es tan evidente que las organizaciones —AUME, ASFASPRO y UMT— denuncian una “brecha interna” dentro del Ejército, una fractura que, según recuerdan, ya fue advertida por el Tribunal Supremo en relación con los policías nacionales.
El reconocimiento como actividad de riesgo, de aprobarse, permitiría aplicar coeficientes reductores que adelantarían la edad de jubilación sin penalización en la pensión, un beneficio extendido a otros colectivos como policías o bomberos. Sin embargo, el alcance limitado de la medida ha eclipsado este avance, generando un profundo malestar que va más allá del contenido de la propuesta.
Un proceso opaco que aviva la polémica
Lo que nadie cuenta es el cómo. Las asociaciones profesionales critican duramente la falta de debate previo en los órganos de representación. La medida, impulsada desde arriba, ha sido recibida como una imposición, alimentando la desconfianza y la sensación de que las voces de los militares no son escuchadas.
El camino hacia la implementación es aún largo. Requiere informes técnicos, negociación en el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas y, finalmente, la aprobación del Consejo de Ministros. Incluso para aquellos que se beneficiarían, los efectos prácticos podrían demorarse.
Ante este panorama, las asociaciones militares plantean alternativas: una “pasarela” entre regímenes, un incremento de los haberes reguladores o la posibilidad de pasar a la reserva a los 58 años. El futuro de la carrera militar, al menos por ahora, pende de un hilo. La división interna en las Fuerzas Armadas, lejos de cicatrizar, se ha profundizado, dejando al descubierto las tensiones y desigualdades que subyacen en una institución clave para la seguridad nacional. La cifra habla por sí sola: más de la mitad del personal militar español se encuentra, de facto, excluido de una mejora laboral largamente esperada.